
Columna de opinión
Soy español y vivo en Colombia desde hace años, así que sigo lo que pasa en mi país con una mezcla de cercanía y distancia. Y hay un tema que en los últimos años domina cualquier conversación con quien viene de allá: la vivienda. No la política, no el fútbol. La vivienda.
El 24 de mayo de 2026, miles de personas marcharon por el centro de Madrid, del Paseo del Prado hacia la calle Sevilla, detrás de una pancarta que lo decía todo: la vivienda nos está costando la vida. La convocatoria la hizo el Sindicato de Inquilinas, con apoyo de otros sindicatos y organizaciones sociales, y fue el arranque de una serie de protestas en más de veinte ciudades españolas durante junio. Y hace apenas unos días, a finales de septiembre, el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid volvió a poner el tema en todos los noticieros.
Los números detrás del enojo
Las cifras ayudan a entender por qué la gente está tan cansada. En Madrid, el alquiler medio supera los 1.500 euros al mes. Los arriendos han subido más de un 50 % en cinco años. Según el Consejo de la Juventud de España, un joven asalariado necesitaría casi el 99 % de su sueldo neto para pagar un alquiler él solo. Y la tasa de emancipación juvenil cayó al 14,5 % en 2025, la más baja de la que se tiene registro.
Traducido a la vida real: hay personas de treinta y tantos años, con trabajo estable y formación universitaria, que siguen viviendo con sus padres o comparten piso como cuando eran estudiantes. No porque quieran, sino porque no hay otra opción.
Cómo se llegó hasta aquí
No hay una sola causa, y desconfío de quien la ofrezca. Se construyó poca vivienda nueva durante años, sobre todo después de la crisis de 2008, que dejó al sector de la construcción español en el suelo. El parque de vivienda pública es pequeño comparado con otros países europeos. Las grandes ciudades concentraron el empleo y atrajeron población. El turismo y los pisos turísticos presionaron los centros históricos. Y la vivienda se volvió, para muchos inversionistas, un activo financiero más que un lugar para vivir.
Las respuestas políticas han ido de un lado a otro: topes a los alquileres en zonas tensionadas, restricciones a los pisos turísticos, incentivos a la construcción, promesas de vivienda pública. El debate es intenso y está muy polarizado. Unos creen que el control de precios es la única forma de proteger a los inquilinos; otros, que termina reduciendo la oferta de alquiler y empeorando el problema. Hay argumentos serios y evidencia en ambos sentidos, y no creo que ninguna de las dos posiciones tenga toda la razón.
Lo que veo desde Bogotá
La tentación es pensar que eso pasa en Europa y que aquí es distinto. En parte lo es: Colombia tiene una población más joven, otra estructura de ingresos y otra historia urbana. Pero cuando uno mira ciertas tendencias, las similitudes inquietan.
Las zonas bien ubicadas de Bogotá y Medellín se están encareciendo rápido. El arriendo turístico crece en barrios que antes eran residenciales. Los jóvenes profesionales cada vez tardan más en poder comprar. Y al mismo tiempo, como he escrito en otra columna, la construcción de vivienda social lleva más de tres años cayendo.
Es decir: se construye menos justo cuando más gente necesita dónde vivir en las zonas con empleo. Esa combinación es exactamente la que llevó a España a donde está.
Tres lecciones que me llevaría
La primera: construir no es opcional. No hay política de vivienda que funcione si no se construye suficiente. Las regulaciones pueden proteger a los inquilinos en el corto plazo, pero si la oferta no crece, la presión se acumula y termina saliendo por otro lado.
La segunda: hay que construir donde está la gente. Vivienda lejos del empleo y del transporte no resuelve la crisis, la traslada. La prioridad deberían ser las zonas bien conectadas, con renovación urbana que no expulse a quienes ya viven ahí.
La tercera: el arriendo también es vivienda. En Colombia tenemos una cultura muy fuerte de la vivienda propia, y está bien. Pero un mercado de arriendo formal, estable y con buenas condiciones para el inquilino es parte de cualquier sistema de vivienda sano. España lo descuidó y lo está pagando.
Una reflexión personal
Me duele ver a mi país así. España hizo muchas cosas bien en su desarrollo urbano, y hay ciudades españolas que son ejemplo en espacio público, transporte y calidad de vida. Pero descuidó algo tan básico como que su gente pudiera pagar un lugar para vivir.
Colombia todavía está a tiempo de no repetir ese error. Para eso necesita dejar de ver la vivienda como un tema sectorial, de constructores y bancos, y empezar a verla como lo que es: la base de casi todo lo demás. Sin una casa estable no hay proyecto de vida, ni familia, ni ahorro, ni tranquilidad. Madrid lo está gritando en la calle. Ojalá aquí lo escuchemos antes de tener que gritarlo también.
Juan José Pujana Mena es empresario de proyectos de vivienda en Bogotá.
